Las trabas que frenan el uso de drones en la seguridad privada

El mercado de drones en Colombia mueve más de US$300 millones al año, pero su uso legal en empresas de vigilancia privada exige cumplir al menos siete requisitos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Aerocivil. Según Fedeseguridad, estos trámites pueden tardar entre uno y dos años, lo que genera una brecha frente a los grupos criminales que utilizan equipos comerciales para vigilar o lanzar explosivos.

Para operar legalmente, una compañía requiere licencia de funcionamiento, registro de aeronaves ante la Aerocivil, certificado de explotador de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en categoría específica, formación del personal y autorizaciones de vuelo. Además, la Circular Conjunta 001 de 2025 establece el procedimiento para la vigilancia privada con estos sistemas, pero la lentitud en los permisos dificulta la respuesta frente a la delincuencia.

La importación de drones también tiene controles estrictos: desde el 11 de enero de 2026, la Resolución 000242 de 2025 exige una declaración anticipada y restringe su ingreso por El Dorado y los puertos de Cartagena, prohibiendo su entrada mediante mensajería postal o envíos urgentes. Por otro lado, la normativa actual limita su uso a la captura de imágenes relacionadas con el servicio, prohibiendo el transporte de armas o mercancías peligrosas y exigiendo el cumplimiento de las normas de protección de datos personales.

Qué significa para una pyme colombiana y cucuteña: Si usted planea contratar servicios de seguridad con drones o desea importar estos equipos para su negocio, tenga en cuenta que no podrá recibirlos por mensajería rápida (como FedEx o DHL) debido a la Resolución 000242 de 2025. Además, si su empresa de seguridad busca implementar esta tecnología, debe presupuestar no solo el equipo, sino también costos de conectividad y esperar hasta dos años para obtener los permisos de la Supervigilancia.